Se trata de una vuelta a los contactos entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que quedaron paralizados en el marco de la campaña electoral en Cataluña ante los comicios autonómicos del 14-F.

De cara a la reunión, según reconocen a Servimedia fuentes de ambas partes, las posiciones están “muy alejadas” por cuanto apenas se han producido dos encuentros entre Lucas y Belarra desde el acuerdo que se firmó en octubre entre el vicepresidente, Pablo Iglesias, y el ministro, José Luis Ábalos.

En dicho acuerdo, cerrado en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, se decía que “serán co-proponentes de la ley” tanto el Ministerio de Transportes como la Vicepresidencia Segunda, pero en el Departamento de Iglesias admiten que han “cedido la redacción” a Transportes en aras del acuerdo.

En dicho acuerdo se fijó un plazo para que la norma estuviera aprobada este mes de febrero, pero desde el Ejecutivo admiten que es “muy difícil” cumplirlo, aunque confían en no demorarlo mucho.

En el sector de Podemos del Ejecutivo avanzan que una de las líneas básicas para llegar a un acuerdo pasa por la “intervención pública” del precio del alquiler, de manera que la norma otorgue “herramientas legales” a las administraciones para fijar precios máximos en algunos casos.

La vivienda social se presupone como otro de los escollos en la negociación, después de que el Ministerio que encabeza Ábalos firmase hoy un convenio con varias organizaciones bancarias para ampliar hasta 26.000 inmuebles el parque social de viviendas a través del fondo de la banca y la Sareb.

En el mismo acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una partida de 1.000 millones de fondos europeos para el Plan de Vivienda Asequible.