En una entrevista concedida a Servimedia, Abad advirtió de que febrero “también va a ser un mes muy complicado desde el punto de vista de la pérdida de trabajo autónomo”, y reclamó un 10% de los fondos europeos para destinarlo a ayudas “a fondo perdido” al trabajo autónomo, “puesto que somos el 90% del total de las empresas y las altas” de actividad y, a su entender, “no tiene ninguna lógica que estemos a la cola de las ayudas del tejido productivo”.

Abad diferenció estos recursos directos de las prestaciones por cese de actividad bajo condiciones especiales por la crisis del coronavirus y de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), medidas que consideró que no son directas porque se ha cotizado para recibirlas, a las que se suman los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un 80%.

Entre las opciones que estudiaría el Gobierno como ayudas directas se encuentra una condonación de una parte de estos préstamos. En este sentido, el presidente de UPTA advirtió de que “si la quita de las personas autónomas y de las empresas es una quita que va a ir directamente dirigida a los tipos de interés, pues que se ahorren la ayuda, si es exclusivamente en los tipos de interés, si la quita es sobre el 80% del riesgo que asume el Estado, evidentemente será una quita importante”.

El presidente de UPTA se mostró crítico con el papel que ha jugado la banca al señalar que estos créditos “han servido única y exclusivamente para limpiar los activos tóxicos” que poseían las entidades y “lo que han hecho es cambiar riesgo privado por riesgo público”.

A su juicio, la banca ha hecho un “negocio redondo” con los créditos por la Covid-19 porque el Estado avala el 80% y “no lo va a repercutir”, sino que “lo pagamos todos los ciudadanos a escote”.

Abad pidió que las ayudas directas financien los costes fijos mensuales de los autónomos como el alquiler o las facturas, y cifró en 2.500 euros el gasto medio al mes que supone un negocio de comercio de 100 metros cuadrados con un trabajador a cargo del autónomo, y en 3.500 euros en el caso de la hostelería.

AYUDAS FISCALES

Otro tipo de ayudas directas planteadas por UPTA pasan por un “replanteamiento fiscal” en el que no solo haya “deducciones fiscales que se van a producir y que se tienen que producir” para autónomos en módulos, sino también ayudas fiscales para quienes están en una situación económica “delicada” en lo que respecta a los impuestos indirectos y directos como el IVA o el IRPF, según citó.

Si bien Abad puso en valor el trabajo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para articular las prestaciones por cese de actividad y los ERTE, que se mantendrán “el tiempo que haga falta” según le consta a UPTA, lamentó que “no todos los ministerios están trabajando con el mismo ahínco y firmeza”. Al respecto, destacó que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de Industria, Comercio y Turismo caminan “a otro ritmo”. “Ya toca el que haya un plan de rescate especial” para el comercio y la hostelería, reclamó dirigiéndose al departamento de Industria que dirige Reyes Maroto.

De cara a Semana Santa, momento en el que Maroto apuntó que esperaba la recuperación de los viajes, el presidente de UPTA no consideró “muy acertado el hecho de abrir todo y hacer una desescalada demasiado rápida en estas circunstancias”, y advirtió, ante una cuarta ola de contagios, de que “no sé hasta qué punto la vamos a poder soportar”.

UNA "BARBARIDAD" LA SENTENCIA DEL PAÍS VASCO

Por último, hizo una valoración de la sentencia que ha posibilitado la apertura de los negocios de hostelería en el País Vasco y la calificó de “barbaridad” por el momento de pandemia. “Lo que no podemos tener es un juez que sin tener ningún tipo de conocimiento” sobre aspectos médicos pueda “cambiar” las decisiones que las administraciones públicas toman “con especialistas”.

Abad consideró que los jueces deben “poner seguridad jurídica” y “nada tiene que ver eso con una sentencia que, a priori, es, desde nuestro punto de vista, disparatada”. Abad expuso la tesitura de que a raíz de esta decisión “pueden estar contagiándose miles de personas” y producirse “cientos de fallecidos”. Defendió que “por encima de todo está la salud pública” y, para ello, las administraciones deben “garantizar” una compensación económica por las medidas de reducción de horarios de actividad, de aforo y cierre.

Puso en valor que “la Xunta de Galicia es la comunidad autónoma que más claramente ha interpretado los problemas de hostelería y comercio”, con el cierre de los bares y restaurantes salvo para comida a domicilio, y la reducción de horario y aforo en los comercios.