Para ello, el Ejecutivo ha firmado un nuevo convenio con diversas organizaciones bancarias en un acto en Moncloa presidido por Pedro Sánchez; junto a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Sareb.

En concreto, el incremento del parque de vivienda público acordado hoy es de 10.000 inmuebles procedentes de la Sareb, que ascenderán hasta 15.000 y de otros 1.000 procedentes del fondo Social de Vivienda de la banca, que alcanzará los 11.000 inmuebles.

Tras la firma del protocolo, Sánchez señaló que es “necesario y urgente renovar el parque público de viviendas de alquiler. Y vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad”.

El protocolo con Sareb contempla poner a disposición de comunidades autónomas y entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se ampliará hasta 10.000 a medio plazo. En la actualidad, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen a su disposición 5.000 viviendas de Sareb, por lo que la cantidad total se eleva a 15.000.

En virtud de este acuerdo, Sareb cede las viviendas a las comunidades autónomas y entidades locales y el Ministerio de Transportes asume parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas.

Estos inmuebles serán arrendados con un precio reducido a personas con ingresos limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad por parte de comunidades autónomas y entidades locales.

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

Por otro lado, y en el marco de las políticas para garantizar el derecho a una vivienda digna, se prorroga hasta enero de 2022 el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables, que se amplía de 10.000 a 11.000 inmuebles, un 10%.

Esta extensión ha sido acordada por el Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.

Estas viviendas están destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, y que pueden así acceder a un arrendamiento a precios reducidos.

El Fondo Social de Vivienda de la banca se creó en el año 2013 con algo menos de 6.000 viviendas cedidas por 33 entidades financieras, que se arrendaban con alquileres de entre 150 y 400 euros para familias en especial situación de vulnerabilidad social. En fases sucesivas experimentó varios aumentos en la dotación de inmuebles, hasta rozar las 10.000 viviendas actuales con las que cuenta el fondo.

PLAN VIVIENDA ALQUILER ASEQUIBLE

Por otro lado, Sánchez se refirió a otras decisiones impulsadas por el Gobierno para resolver los déficits en materia de vivienda, como el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. Al respecto, anunció que para financiar este plan se van a destinar 1.000 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este plan quiere hacer frente a los desajustes del mercado del alquiler en algunas zonas tensionadas, donde la escasez de viviendas y la subida de precios dificultan la posibilidad de acceso a muchas personas, y lograr que el parque público en puntos calientes ronde las 24.000 viviendas.

Entre las actuaciones de este plan figuran 4.600 viviendas para el alquiler asequible financiadas por el Plan Estatal de Vivienda y que se desarrollan en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Además, otras 7.600 viviendas para el alquiler asequible mediante convenios con entidades locales en zonas con el mercado de arrendamiento más tensionadas y otras 12.000 impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la entidad pública Sepes en suelos de titularidad estatal.

Con todas estas medidas, según destacó Sánchez, el Ejecutivo quiere acabar con “la asignatura pendiente de contar con uno de los parques de vivienda pública más exiguos de Europa” para poder “articular una política de vivienda sólida y rigurosa, que permita que España avance sin dejar a nadie atrás”.

“Tenemos mucho trabajo por delante pero creo que estamos en la dirección acertada”, añadió el presidente, quien recordó que el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución y “en un Estado de bienestar como el nuestro ha de estar garantizada”, además de que “Debe dejar de ser un bien de lujo”.