Caamaño realizó esta afirmación en una rueda prensa en la sede de su departamento, en la que explicó las cuentas de Justicia para el año que viene, que contemplan un incremento del 13,77% respecto a lo aprobado para 2009.

En este sentido, el ministro aseguró que los presupuestos de su ministerio para el año que viene son “austeros en el gasto corriente”, pero “volcados de manera decidida y firme” en la modernización de la Justicia, para lo cual se aprobó un plan específico hace varias semanas.

En concreto, Caamaño detalló que su ministerio contará para el año que viene con 1.804 millones de euros, lo que supone 218,5 millones más que en 2009, algo que implica un aumento del 13,77%. Este incremento contempla el descuento de la partida de Justicia referida a Asturias, que ha asumido ya la competencia en esta materia.

MÁS MEDIOS Y JUECES

Entre las diversas partidas, el ministro destacó el incremento de 113,5 millones de euros (un 102,9% más) con destino específico a modernización tecnológica e infraestructuras. Esto, según Caamaño, significa duplicar la cuantía presupuestada en 2009 para este fin, ya que se pasa de 110 a 224 millones de euros.

Otro de los puntos destacados es el referido a la dotación presupuestaria que tiene que ver con la implantación de la nueva oficina judicial, para lo cual se destinarán en conjunto 128,79 millones de euros.

En cuanto al nuevo mapa judicial, este apartado incluirá una dotación de 48,47 millones de euros para la creación de 200 nuevas unidades judiciales, de las que 50 serán plazas de jueces de adscripción territorial, algo con lo que se busca avanzar en un sistema formado por jueces titulares.

En este sentido, el ministro dijo que en 2010 se llevará a cabo la “la mayor inversión en Justicia de la democracia española”, por lo que dijo que la APM debe explicar las “razones” que les llevan a mantener la huelga del 8 de octubre. Destacó, en este sentido, que esta asociación anunció la huelga el 12 de junio, cuando todavía no habían sido presentados ni los Presupuestos del Estado ni el Plan de Modernización de la Justicia.

Además, Caamaño argumentó que el Congreso y el Senado están tramitando una ley que incluye gran parte de las reivindicaciones que las propias asociaciones de jueces explicaron en el Parlamento. Entre estas reivindicaciones está que los magistrados sigan controlando el señalamiento de los juicios.