El informe de la ponencia fue aprobado por 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Durante esta sesión también se sometieron a votación las enmiendas planteadas por el PP, que fueron rechazadas por 14 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Una vez celebrado este debate, el Pleno del Congreso verá el dictamen y las enmiendas al articulado no incorporadas y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas para someterlas de nuevo a debate y votación. Al tratarse de una ley orgánica, el texto se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de la mayoría absoluta para su aprobación.

Si la proposición de ley obtiene al menos 176 votos en en el Pleno del Congreso, pasará al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta puede aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa tendrá que regresar al Congreso.

“CHANTAJE” E “INTROMISIÓN”

Durante el debate de este martes, el diputado del PP Luis Santamaría dijo que la reforma impulsada por PSOE y Podemos es contraria a la legalidad y un intento de “chantaje” a los populares para que se avengan a negociar la reforma del CGPJ. Además, señaló que la iniciativa también “limita la separación de poderes”, al reducir las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando ha expirado su mandato.

A su vez, Javier Ortega Smith, de Vox, sostuvo que esta modificación legal supone una “nueva fase” dentro de la trayectoria de “los partidos políticos de siempre” de intentar controlar la Justicia. Destacó que los partidos del Ejecutivo de coalición quieren acabar con el actual CGPJ al no haber nombrado a la mayoría de sus vocales.

Asimismo, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, opinó que limitar las atribuciones del Consejo cuando está en funciones es una “intromisión escandalosa en la independencia del Poder Judicial” y un “apaño” para intentar “coartar” la libertad de los magistrados.

Por el contrario, Francisco Aranda, de PSOE, apuntó que han debido promover esta reforma legal “por la pertinaz insistencia del PP en el bloqueo de las instituciones”. A su vez, Enrique Santiago, de Podemos, afirmó que esta modificación normativa es un “primer paso para acabar con una anomalía democrática institucional francamente inaceptable”, en referencia a que el CGPJ pueda seguir actuando con normalidad cuando ha expirado su mandato.