En concreto, Buenaventura pide al Gobierno "actuar con la máxima contundencia en el caso de las 659 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar".

Para ello, aboga por iniciar "las inspecciones fiscales pertinentes" y poner "en conocimiento de los jueces todos los supuestos de presunto delito fiscal sin excepciones". Como colofón, propone "hacer público el listado de personas en las que se denuncie el presunto delito contra la Hacienda Pública".

Dentro de ese plan sugiere introducir un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Insiste en que no se reconozca personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español y en prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos paraísos.

Eso sólo lo podrían hacer si suministran a la Administración Tributaria española "la misma información que sobre las operaciones realizadas en territorio nacional" y mantienen "la obligatoriedad de identificación de los clientes de sucursales de entidades españolas radicadas en dichos territorios".

Además, propone penas agravadas cuando el fraude fiscal se cometa a través de paraísos fiscales y someter las Sicav al control fiscal de la Agencia Tributaria, en lugar de la CNMV como sucede actualmente.

TRABAJADORES PERJUDICADOS

La moción presentada por ICV parte de la convicción de que los costes de la crisis han caído sobre la espalda de "la clase trabajadora" y no de los que la causaron. Considerando que la fiscalidad es un elemento sencial para la redistribución de la riqueza, Buenaventura anima al Gobierno a modificar sus prioridades y poner en primer lugar la armonización fiscal en la UE y la lucha contra los paraísos fiscales.

La moción presentada por la formación de izquierda incluye peticiones ya antiguas como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para grandes fortunas o la revisión al alza del Impuesto de Sociedades al 35% para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros.

Solicita igualmente la creación de un Impuesto sobre Bienes Suntuarios para los productos de lujo, la aplicación de un IVA reducido a los bienes y servicios de primera necesidad y la equiparación fiscal entre rentas de trabajo y capital.

Para ICV es primordial que el Ejecutivo asuma como prioridad política en las reuniones del Ecofin, el Consejo Europeo y el G-20, el impulso de un Impuesto internacional a las transacciones financieras con un calendario concreto y un tipo impositivo que disuada a los inversores financieros a realizar operaciones especulativas.

Otra de las patas de esta nueva política económica se apoya en la reducción del gasto público mediante la restricción de altos cargos de la Administración y el sector público empresarial, y en la implantación de un impuesto verde que luche contra el cambio climático.

DACIÓN EN PAGO

ICV insiste en pedir al Gobierno que regule la dación en pago de la deuda hipotecaria completa, que se supriman las cláusula suelo en ese tipo de préstamos y la reducción de las comisiónes bancarias.

Buenaventura apuesta por que el Estado inicie un proceso de adquisición de activos financieros en manos de los bancos y cajas por parte del FROB. Así las administraciones públicas podrían intervenir en la adquisición de suelo y vivienda a precio de coste con destino a proyectos de alquiler social.

ICV aboga por abrir nuevas líneas de financiación ICO para pymes, autónomos y entidades locales y emprender medidas legales contra las agencias de rating que han actuado en su propio beneficio y el de sus clientes.

También solicita establecer una mayor participación de los trabajadores en los beneficios empresariales, la racionalización de las remuneraciones de los altos directivos y los miembros de los consejos de administración e incrementar el Salario Mínimo Interprofesional según las recomendaciones de la Carta Social Europea.

En materia de desempleo, Buenaventura pide una ayuda universal para los parados que hayan agotado su prestación contributiva, con el único requisito de demostrar una búsqueda activa de empleo.

Finalmente, apuesta por permitir un déficit a las comunidades autónomas superior al del 1,3% establecido para 2011 y del 1,1% en 2013, de manera que queden garantizados servicios sociales básicos como sanidad y educación.