El tribunal señala que las querellas reproducen el contenido de informaciones de prensa y que se necesita “algo más” para abrir una causa penal. “Una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal”.

Además, añade el tribunal que “los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierte la noticia en delito”. Así, recordó que “no es motivo para abrir una causa en el Supremo” el hecho de que se reabriera en 2020 una investigación “inicialmente archivada” y que sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

El Supremo sostiene que hasta la fecha no se ha enviado ninguna exposición razonada a la Sala II por Juzgado de Instrucción número 6 sobre la presunta actividad delictiva del querellado “sea en relación con los hechos inicialmente denunciados o sobre los que los querellantes califican de novedosos”.

En ese sentido, el auto recuerda que el emérito está aforado y reitera que es al juez instructor el que puede, “si lo estima conveniente”, practicar diligencias que le permitan individualizar la acción concreta en él.

Los querellantes se apoyan en el hecho de que el Ministerio Fiscal y, concretamente la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha abierto una investigación sobre los hechos denunciados que aún está en trámite y en la que se está practicando diligencias. Aun así, explica el Supremo que “de nuevo, la información que parecen tener los querellantes a su disposición es aquella que ha sido facilitada por los medios de comunicación”.

QUERELLA ANTERIOR

El auto recuerda que el PCE, IU y Fairade ya presentaron una querella contra el Rey emérito el 5 de diciembre de 2018 que fue archivada por la Sala II el 1 de abril de 2019. Luego solicitaron la reapertura del procedimiento por “haber cesado la causa que fundamentó el archivo ante esta Sala”.

El 16 de diciembre de 2020 presentaron un escrito en el que se ampliaba la querella dirigiéndose contra las personas inicialmente querelladas, y específicamente, contra Juan Carlos I, Álvaro Orleans Borbón, Dante Canónica, Nicolás Murga Mendoza y Allen Sanginés-Krause. El fiscal informó el 27 de enero instando a que se procediera a denegar la solicitud de apertura de causa.