Según informó el sindicato, presentó el recurso por considerar irregulares tanto el proceso formal de elaboración como el propio contenido del plan.

Tras anunciar que no lo firmaría, el sindicato inició un proceso para tratar de revertir, a su juicio, la “discriminación” a que se somete al personal de la AGE en relación al resto de trabajadores porque “el Gobierno entiende que las medidas a las que la Ley de Igualdad obliga a las empresas no son de aplicación a su propia Administración”.

CCOO acusó al Ejecutivo de “falta de negociación, objetividad y transparencia” en el desarrollo del plan, del que consideró no persigue actuar sobre la igualdad real en la AGE. Señaló que el objetivo se limita a “sacar con prisas un documento plagado de intenciones y deseos, pero sin un compromiso claro y contundente con las necesidades reales para avanzar en la igualdad”.

El sindicato indicó la ausencia de diagnóstico de la situación, que permita identificar y cuantificar los nichos existentes de desigualdad y/o discriminación, y la negación de un análisis sobre la brecha salarial de la que el sindicato ha aportado informes destacando las desigualdades en los proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Según CCOO, la exclusión de estas materias de un diagnóstico “hace imposible establecer un análisis real y, por tanto, aleja el contenido del plan de los objetivos establecidos en la normativa vigente”, y a su vez, “impide comprobar y medir la evolución de los indicadores”.

La central resaltó que es “muy preocupante que un Gobierno que afirma apostar por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y que traslada un discurso de participación y transparencia, haya suscrito algo como esto”.