Así lo afirmó este miércoles la coalición Armas Bajo Control, formada por Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, que entregó a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso un primer análisis de las exportaciones españolas de armas en 2010 para que pidan explicaciones al Gobierno y le exijan el cumplimiento estricto de la ley.

Esta tarde la Comisión de Defensa debatirá el último informe recibido por el Gobierno sobre la venta de material de defensa y de doble uso de España a otros países en 2010, que ascendió a 1.128,3 millones de euros.

Este análisis fue realizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah) a petición de las cuatro ONG e incluye países cuya población se ha alzado reclamando cambios democráticos y ha sido víctima de la represión ejercida por sus gobiernos.

Esta situación, según Armas Bajo Control, evidencia que "el incumplimiento durante años de la ley de armas por parte del Gobierno Español ha podido tener consecuencias para la población civil de los países receptores".

Las ONG insistieron en que se debe denegar, suspender o revocar las autorizaciones para aquellos destinos que incumplen la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en el sentido de que la venta pueda usarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.

Respecto al norte de África y Oriente Próximo, las ONG pidieron que se mantengan los procesos de revisión, caso por caso, de todas las transferencias y exportaciones, tanto licencias ya autorizadas como las que se encuentren en proceso de autorización.