No obstante, la Comisión ha hecho una serie de propuestas en relación a estos textos.

En cuanto al proyecto del sector eléctrico, y entre otras cuestiones, la CNE estima necesaria la adición de un apartado que le atribuya la potestad de imponer multas coercitivas.

En aras de la transparencia y la seguridad regulatoria, los informes de la CNE relativos al proceso de elaboración de disposiciones generales que afecten al mercado eléctrico, "además de tener carácter preceptivo, deben ser determinantes para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio".

Por otro lado, la metodología para el cálculo de los peajes que debe determinar la CNE mediante circulares, "deberá establecerse para los peajes de acceso y no quedar limitada a los peajes de transporte y distribución, y por tanto, responder a la asignación total de los costes de acceso".

En cuanto al anteproyecto de ley del sector de hidrocarburos, la CNE propone suprimir un párrafo entero del texto, en concreto, relacionado con el bono social del GLP (butano), que se introduce en este proyecto.

De este modo, la CNE se opone a que la financiación de dicho bono social sea "realizada por los consumidores de gases licuados de petróleo envasados en recipientes de capacidad igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kg, a excepción de los envases de mezcla, para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, que no se beneficien de dicho bono social".

El regulador propone también que se diferencie claramente el contenido mínimo de la planificación para cada uno de los diferentes hidrocarburos que regula la ley (productos derivados del petróleo, gas natural y otros combustibles gaseosos), ampliando el alcance en relación con el gas natural.