El magistrado ha admitido a trámite en un auto dictado hoy la querella presentada por 63 inversores y dirigida contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino.

De forma adicional se presentaron dos denuncias que han sido acumuladas en la causa, al igual que el resultado de las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Los denunciantes, en respuesta a una campaña publicitaria, entregaron en préstamo a algunas de las sociedades del “holding” conocido como Grupo Nueva Rumasa diversas cantidades de dinero, pactando su devolución en uno o dos años junto con unos intereses del 8, 10 ó 12 por ciento.

El juez Ruz destaca en el auto dictado hoy que no puede conocerse por ahora “el importe exacto de todas las inversiones vencidas que no han sido reintegradas”, aunque señala que se han podido identificar al menos 1.017 inversores por un montante total de 90.496.357 euros.

La querella afirma que ni las empresas emisoras de los pagarés ni sus avalistas están en condiciones de devolver esos importes al encontrarse en situación de insolvencia. Los denunciantes consideran que esta situación preexistía y les fue ocultada al tiempo de entregar esos fondos.

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Ruz considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar a Nueva Rumasa por la gravedad de la presunta “defraudación”, que generaría “un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados en un ámbito territorial supraprovincial”.

El magistrado se opone, en cambio, a que se ejercite la acción civil por responsabilidad subsidiaria contra el Estado, tal y como pedían los denunciantes, quienes consideraban que había implicación en el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España.

La Agencia Tributaria considera que el grupo de sociedades de Nueva Rumasa podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y “actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones”.

Caracteriza, además, a este grupo de empresas por su “total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes u otros territorios de riesgo –27 sociedades de Belice, 2 de Panamá y 4 de Holanda– cuyo representante suele ser uno de los que considera sus testaferros habituales”.

BATERÍA DE PRUEBAS

El magistrado ha ordenado una batería inicial de diligencias de investigación para concretar los hechos atribuidos a los responsables de Nueva Rumasa. En este sentido, el auto requiere a la Agencia Tributaria para que designe a dos funcionarios para analizar las cuentas de las sociedades de Nueva Rumasa.

Ruz ordena además a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los hechos.

Solicita además a varios registros mercantiles que remitan al juzgado la certificación registral de las sociedades de la familia Ruiz-Mateos y ordena a varios medios de comunicación que le remitan la campaña publicitarias lanzadas por Nueva Rumasa para la emisión de los pagarés de inversión.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 citará en breve a declarar en calidad de imputados a los integrantes de la familia Ruiz-Mateos.