El debate comenzará el jueves a partir de las 9.00 horas con el real decreto-ley por el que se prorrogan los ERTE basados en causas relacionadas con el Covid-19 y las ayudas por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo.

Se extienden los ERTE de limitación, de impedimento por decisiones administrativas, los expedientes para sectores “ultraprotegidos” considerados particularmente afectados por la crisis y su cadena de valor. Se mantiene el esquema anterior de exoneraciones de cuota, oscilando entre el 70% y el 100%, dependiendo del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa. También se prorrogan los demás ERTE Covid de decretos anteriores.

En el listado de los 50 sectores “ultraprotegidos” se han incorporado tres nuevas actividades –campings y aparcamiento de caravanas, alquiler de medios de navegación y actividad de mantenimiento físico- y han salido otros tres -fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales-.

Se reducen los trámites administrativos a una comunicación a la autoridad laboral para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación o viceversa, en lugar de tener que iniciar un nuevo expediente.

Se mantiene la cuantía de la prestación por desempleo en el 70% de la base reguladora, el ‘contador a 0’ no descuenta hasta el 1 de enero de 2022, se mantiene la prestación extraordinaria para fijos discontinuos y las obligaciones para las empresas en ERTE como es la de mantener el empleo por otros seis meses, no despedir por causa Covid y no repartir dividendos.

También se incluye la prórroga del ‘Plan Me cuida’ que sustancia el derecho a flexibilizar la jornada laboral para ejercer el cuidado de personas dependientes.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

Por otra parte, el Gobierno acordó con ATA, UPTA y Uatae prorrogar la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo para aquellos autónomos que acrediten una caída de los ingresos del 50% y no del 75% como anteriormente en comparación con el segundo semestre de 2019.

Se prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad por la suspensión temporal del negocio como consecuencia de una resolución administrativa, y para quienes no cumplan los requisitos de las anteriores prestaciones podrán seguir accediendo a la ayuda extraordinaria. Para los autónomos de temporada se extiende su prestación.

Salvo en el caso de la prestación compatible con la actividad, los autónomos beneficiarios de las anteriores ayudas quedan exentos de cotizar, pero el periodo les cuenta como cotizado.

También se acordó suspender la subida de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad prevista para aplicar este año y que se deriva del acuerdo de 2018 con el anterior Gobierno socialista.

En este decreto también se incluye la ampliación hasta el 9 de mayo de las prórrogas de los contratos de alquiler y las moratorias de las rentas de alquiler de vivienda.

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD EN LA PENSIÓN

El jueves también se debatirá el real decreto-ley que crea un nuevo complemento en la pensión para reducir la brecha de género vinculado a la maternidad. La cuantía es fija, de 378 euros anuales repartidos en 14 pagas por cada hijo a partir del primero hasta un máximo de cuatro, y podrán percibirlo mujeres y hombres que acrediten un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del primer hijo.

Se reconoce en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo la jubilación parcial, y es incompatible con el complemento por maternidad por aportación geográfica al que sustituye. Quienes vienen percibiendo este último, lo seguirán cobrando.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima su coste en más de 700 millones de euros al año, a financiar con una transferencia del Estado, y calcula que unas 30.000 mujeres podrán acceder solo con ampliar su cobertura a la concepción del primer hijo frente al anterior complemento.

Este decreto también incluye una flexibilización en los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la consideración del SARS-CoV-2 como enfermedad profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que en el ejercicio de su profesión se hayan infectado desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria”.