El objetivo del decreto es promover las medidas necesarias para que el acceso, la promoción interna y la provisión de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración Regional se realice en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes.

El comité autonómico destaca “especialmente” de este nuevo texto legal el que se aumente el cupo del 5%, reservado a personas con discapacidad en las ofertas de Empleo Público, establecido en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y se sitúe en el 7% de las vacantes.

De este porcentaje, un cupo no inferior al 2% se destinará a personas con discapacidad intelectual a través de un sistema específico con pruebas independientes, dadas las especiales dificultades que estas personas tienen en su acceso al empleo público.

En este sentido, según el Cermi Región de Murcia, "el colectivo de personas con discapacidad, en general, y de personas con discapacidad intelectual, en particular, por las que trabajan tres de sus organizaciones en Murcia (Feaps, Fadis y Fundown) pueden verse favorecidas con este decreto trabajado durante mucho tiempo".

Para el comité, el objetivo final es que las personas con discapacidad de las asociaciones murcianas puedan obtener un empleo estable en las Administraciones. Por ello, el Cermi Región de Murcia defiende la discriminación positiva para personas con discapacidad con especiales dificultades para integrarse en el puesto de trabajo por barreras en los procesos selectivos de la función pública.

Otra medida que se quiere difundir es la posibilidad de que las Administraciones reserven una parte de la contratación pública en los Centros Especiales de Empleo, lo que favorece también la integración laboral de estos trabajadores, como lo favorece la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Este decreto también establece como novedad, con carácter obligatorio, la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes para personas con discapacidad en el acceso por promoción interna.

Asimismo, el decreto regula la adaptación de los puestos de trabajo adjudicados a personas con discapacidad tanto en el acceso como en la promoción interna y en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Administración regional.

A efectos de esta norma, y de acuerdo con la legislación vigente y aplicable, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquéllas a las que se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%