La plataforma de la discapacidad, en el marco de su pertenencia a la Plataforma del Tercer Sector, plantea varias modificaciones del texto inicial convalidado, instando a la cámara a que, en la ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos a las que se refiere esta Ley y que tengan como propósito o efecto la mejora de la cohesión, la inclusión y el bienestar sociales, las organizaciones pertenecientes al Tercer Sector de Acción Social, tanto de ámbito estatal como territorial, gocen de la calificación de entidades colaboradoras de la Administración para realizar labores de mediación social.

De esta manera, se pone de manifiesto la necesidad de establecer un marco de colaboración público-cívica en todo lo relacionado con los fondos europeos, pues las entidades del Tercer Sector de Acción Social ya son colaboradoras de la Administraciones Públicas y así debe quedar reflejado en la nueva regulación de fondos europeos.

De hecho, desde el sector social se hace hincapié en la importancia de reforzar la gobernanza y la participación social y civil del proceso ligado a la programación, presupuestación, gestión y ejecución de los fondos europeos, para lo que propone abrir las consultas y el diálogo, a la sociedad civil.

Por otra parte, la sociedad civil también sugiere incorporar y mencionar “expresamente” la inclusión, la cohesión y el bienestar sociales, puesto que suponen “objetivos esenciales” en todo momento y en especial en la actual coyuntura de profunda crisis social.

Por último, se exige que se dote al Tercer Sector de Acción Social de estabilidad y suficiencia financieras. De esta forma, se plantea como demanda que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de España remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el régimen específico de apoyos, ayudas y subvenciones públicas, incluidas las modalidades de la contratación y la concertación, al Tercer Sector de Acción Social.