En declaraciones a Servimedia, el presidente de Concapa, Luis Carbonel, afirmó que la norma "recorta libertades, por lo que seremos activos contra ella".

Según la confederación, esta propuesta "ningunea a la comunidad educativa y en especial a los padres, a quienes no se tiene en cuenta en algo tan trascendental como la educación que recibirán sus hijos".

La educación diferenciada "es una opción pedagógica perfectamente legítima y amparada por nuestra Constitución", tratados internacionales y la jurisprudencia española, agregó Concapa.

Además esta norma no se entiende sin la intervención del Ministerio de Educación, señaló, y apuntó que "si esto va a ser lo habitual, es la tercera ocasión en que el Gobierno utiliza a otros ministerios para modificar aspectos del sistema educativo".

"Lo que la ley no contempla", y a juicio de Concapa resulta "flagrante", es "la discriminación" entre los alumnos de centros públicos y concertados, pues los primeros reciben mucha más inversión.

Además, Escuelas Católicas (que integran FERE-CECA y EyG) subrayó a su vez que "la educación separada no es discriminatoria ni desde el punto de vista legal ni desde el jurídico".

"Tanto la Constitución Española como el Tribunal Constitucional y el Supremo, sin olvidar diversos tratados internacionales, corroboran que no debe estar bajo sospecha", afirmó.

Asimismo destacó que, aunque esta patronal ha promovido la coeducación en sus centros, "entiende la libertad de enseñanza como un derecho contemplado en nuestra Constitución que debe ser promulgado por las administraciones educativas. Los poderes públicos deben reconocer y garantizar los derechos establecidos en la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales ratificados por España, y no pueden discriminar ni a los centros que optan por un modelo pedagógico debidamente contrastado ni a las familias que lo eligen", declaró Escuelas Católicas.

Añadio que esta opción no tiene "intención de reproducir roles sexistas o trasnochados", y "se está poniendo en tela de juicio un modelo pedagógico internacionalmente aceptado que busca potenciar al máximo las capacidades de cada sexo adaptándose a sus diferencias en el ritmo de aprendizaje y proceso de maduración".

Por ello insistió en que "los colegios de educación diferenciada tienen derecho a ser financiados con fondos públicos en las etapas declaradas obligatorias y gratuitas por la legislación".