La Autoridad de Protección de Datos de Cataluña sustituye a la Agencia Catalana de Protección de Datos, creada en el año 2002, y se adapta a las disposiciones del Estatuto respecto a la protección de datos de carácter personal.

El Proyecto de ley establece el ámbito competencial de la APDC, sus órganos y su régimen jurídico, económico y de personal, sus funciones y los medios para ejercer la potestad sancionadora.

Una de las principales novedades de la normativa es el cambio de denominación para dar cumplimiento al Estatuto y evitar confusiones terminológicas.

Con respecto a la naturaleza jurídica, la Agencia catalana de Protección de Datos está dotada de autonomía orgánica y funcional, por lo cual deja de depender directamente del Gobierno, hecho que no se preveía para la Agencia Catalana de Protección de Datos.

Las funciones de la APDC también serán más amplias que las de la Agencia, puesto que el nuevo organismo podrá elaborar planos de auditoría, emitir informes potestativos en relación con las disposiciones de los entes locales en materia de protección de datos y otorgar autorizaciones.