En concreto, el PP acusó a Chaves de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía cuando él era todavía presidente a la sociedad anónma Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra.

La Fiscalía entiende que no existen indicios de delito contra Chaves ya que el ex presidente de la Junta de Andalucía no tuvo ningún tipo de iniciativa en la tramitación de la subvención sino que se limitó a firmar la autorización.

En el escrito remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, realizado por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan José Martín-Casallo, se subraya que no consta que Chaves haya influido sobre los funcionarios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta “para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada”.

“Su actuación se redujo a aprobar en Junta de Gobierno una concesión de incentivo que, de acuerdo con la cuantía reconocida, debía ser autorizada por el órgano que presidía, limitándose por tanto, a ratificar lo que ya se había establecido, en igual sentido, por las correspondientes instituciones de los órganos administrativos competente”, señala el escrito de la Fiscalía.