El proyecto, presentado por el Ministerio del Interior, regula la protección de los datos personales utilizados en labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Esta regulación tiene como objetivo favorecer la cooperación internacional policial y judicial europea para conseguir mayor eficiencia de los países en la persecución de este tipo de delitos y hacerlo compatible con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la intimidad.

Como novedad, esta ley incluye un régimen sancionador específico para los que incumplan los preceptos. La sanción oscilará entre los 6.000 y los 240.000 euros en función del grado de la infracción, unas cantidades que “ponen en valor” la importancia del cumplimiento de los requisitos de las leyes.

TRAMITACIÓN URGENTE

El proyecto traspone una directiva europea, en concreto la 2016/680, lo que implica un "notable retraso" en esa trasposición. Por ello, el Gobierno explica que se han agilizado todos los trámites para que la ley pueda ser aprobada en el menor plazo de tiempo posible. En este sentido, el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso de los Diputados y al Senado la tramitación del proyecto por el procedimiento de urgencia.

El proyecto de ley está formado por 61 artículos repartidos en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y 11 finales.