La competencia del Gobierno a escala nacional “se complementarán obligatoriamente también con la tarea de comunidades autónomas y ayuntamientos que, por su proximidad, tienen más capacidad de discernir sobre las ayudas directas monetarias que se le pueden dar a los sectores más castigados por esta situación de crisis”, apuntó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según recordó, el Ejecutivo lleva desde marzo del pasado año desplegando diferentes actuaciones de apoyo para mantener el tejido productivo, y solo en el sector de la hostelería y restauración ya ha comprometido ayudas por valor de 62.000 millones de euros.

Las ayudas que se despliegan desde el Gobierno están “en forma de desgravaciones fiscales, exoneración de las cuotas de Seguridad Social y otros instrumentos mucho más propios de la Administración general del Estado”, siendo “más propio de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos lo que es la ayuda directa”. No en vano, apuntó que ya se “están produciendo por parte de las administraciones autonómicas, aunque con diferente intensidad por parte de cada uno de esos territorios”.

La ministra explicó que ahora el problema de las empresas no es de liquidez, sino que la preocupación ha pasado a ser de solvencia, y se baraja qué medidas se pueden desplegar aprovechando el nuevo marco de ayudas aprobado por la Comisión Europea hace diez días. Se trata de una ventana que permitirá a los Estados extender la vigencia de sus apoyos hasta el 31 de diciembre o, incluso, ampliar su catálogo con actuaciones más en favor de ayudar a las empresas con dificultades de solvencia.

Entre las medidas que analiza el Gobierno, la ministra portavoz recordó que el Ministerio de Asuntos Económicos trabaja también junto al de Justicia para modificar la Ley Concursal para que “haga garantista en este proceso”. “Que lo haga ágil, que lo haga rápido, de manera que realmente sea una fórmula que permita viabilizar a aquellas empresas cuyos datos son expresivos de la capacidad que tiene de sobrevivir esa empresa y que no sean mecanismos de liquidación de esas empresas”, indicó.