Así lo anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que indicó que la medida tiene como objetivo reducir la morosidad que afecta a las empresas del sector, del que resaltó que es “esencial para la sostenibilidad del conjunto de la economía del país, al ser transversal”, así como que durante los meses de la pandemia ha sido considerado “actividad esencial”.

Por ello, señaló que el sector, formado especialmente por pymes, está luchando contra la morosidad, ya que ocasiona problemas de liquidez y solvencia en estas empresas “que han tenido que trabajar de forma incansable para hacer posible el suministro de productos básicos” durante la pandemia.

En concreto, Montero explicó que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la ley de ordenación de los transportes terrestres para incorporar un régimen sancionador a la morosidad que se pudiera producir en este sector. Así, añadió que se incorpora un nuevo tipo infractor por el incumplimiento de un plazo máximo legal de pago para estas empresas, que se constituye en 60 días en los contratos de transporte de mercancías por carretera.

Además, la modificación prevé también la publicidad de las resoluciones sancionadoras con fines disuasorios, ya que, agregó la ministra, “la reputación empresarial tiene que jugar también un papel importante ante estas prácticas que se pueden producir de competencia desleal”.