De hecho, el reconocimiento a las entidades del Tercer Sector de acción social como colaboradoras de los poderes públicos asignándoles tareas concretas de mediación social ha tenido reflejo en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que ha modificado la regulación del IMV.

En este sentido, la Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ha hecho público el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de mediadoras sociales colaboradoras de la Administración General del Estado, para poder acreditar y reconocer la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo de suministros energéticos.

Pese a estos avances en esferas específicas, la regulación de un estatuto jurídico reforzado y global de las entidades del Tercer Sector de acción social como colaboradoras de la Administración General del Estado está pendiente de desarrollo reglamentario desde el año 2013.

De esta manera, el Cermi exige al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que acometa con urgencia esta normativa de concreción, que otorgaría nuevas y más sólidas herramientas para establecer alianzas eficaces entre lo público y lo cívico, como exige el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de Naciones Unidas.