Durante su intervención en un encuentro organizado por el Cercle d’Economía, subrayó la importancia de ese trabajo “técnico” tan “complejo” para que la acción por parte del Estado “siga siendo, como hasta ahora: determinante y con un impacto eficaz, llegando a aquellos que lo necesitan y teniendo un impacto significativo sobre el conjunto de la economía española”.

Calviño recordó que el Gobierno ya ha enviado a Bruselas una modificación del marco temporal nacional de ayudas que sirve de base para cualquier medida de apoyo que se despliegue tanto a nivel central o nacional, como a través de comunidades autónomas o ayuntamientos.

Su cambio o actualización obedece al interés en aprovechar la extensión aprobada por la Comisión Europea para permitir a los Estados extender ciertas medidas hasta el 31 de diciembre, reforzarlas en cuantía por beneficiario, convertir, por ejemplo, créditos en subvenciones directas o, incluso, cubrir los costes de funcionamiento de las empresas.

La ministra reconoció que, entre las medidas a desplegar, figurarán acciones dirigidas a ayudar a compañías y autónomos con problemas de solvencia derivados de la crisis sin ofrecer detalle sobre qué está sobre la mesa o bajo análisis.

Sí apuntó, sin embargo, la intención de acelerar los procesos para que, “cuanto antes, podamos establecer este nuevo marco nacional y podamos tomar nuevas medidas o ampliar y ajustar las ya existentes para aliviar la carga financiera de los autónomos y las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, y reforzar la solvencia de los negocios viables”.

“Hemos de evitar que las empresas viables sufran problemas de solvencia como consecuencia de la larga duración de las restricciones de actividad para luchar contra la pandemia”, manifestó, reconociendo que el nuevo marco temporal que aprovechará la ventana abierta por Bruselas hace escasos diez días “va a permitir aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia”.

Entre otros aspectos apuntó que están trabajando en “mecanismos adicionales que permiten reforzar la solvencia empresarial, reduciendo el sobreendeudamiento derivado de la pandemia”. Es un paso que toca abordar puesto que ahora ya se tiene “más centrados cuáles son los sectores más afectados” y una visión “más clara sobre cuáles son los problemas de sobreendeudamiento que puede haber en las empresas”, y “que los problemas ya no son tanto de liquidez como pueden empezar a ser de solvencia”.

A la pregunta específica de si habrá una nueva prórroga a la congelación de los concursos de acreedores que amplíe el plazo que vence a finales de marzo próximo, explicó que es preciso analizar “si es conveniente alargarlas o si eso puede suponer un elemento mayor de incertidumbre con respecto a la situación de las empresas”.

“La prioridad no tiene que ser retrasar el desencadenamiento de procesos concursales, lo que tenemos que evitar es que las empresas lleguen a esa situación”, explicó. El esfuerzo del estudio se basa, por tanto, en “ver cuáles pueden ser los instrumentos que nos permitan reforzar la solvencia de las empresas que tienen viabilidad a medio plazo, que eran solventes y cuyo desequilibrio patrimonial viene generado por una situación extraordinaria y transitoria, como es la de la pandemia”.

De cara al futuro abundó en que también se analizarán medidas a adoptar que vayan más allá de “retrasar un problema” y “eviten que se produzca ese problema”. “Si sabemos que el riesgo es el sobreendeudamiento de las empresas, tenemos que atajar ese problema de forma decidida. Y en eso es en lo que estamos trabajando”, avanzó.

El apoyo en materia de solvencia sería complementario, en todo caso, al gran abanico de medidas desplegadas desde el pasado mes de marzo con iniciativas como la extensión de las moratorias para la devolución de los créditos, en particular en el sector del turismo y el transporte, con autónomos y las personas más vulnerables; las líneas de avales del ICO o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entre otros muchos.