Estos equipos, en cuya adquisición ha invertido la Comunidad de Madrid cuatro millones de euros, permitirán a las plantillas de los 21 partidos judiciales de la región contar con la modalidad del teletrabajo como una alternativa eficaz al trabajo presencial.

Explicó que la Comunidad de Madrid "continúa este año con el gran esfuerzo que ha venido desarrollando a lo largo de 2020 para modernizar, con una clara apuesta por las nuevas tecnologías, un servicio tan esencial para los ciudadanos como el de la Administración de Justicia en la región".

Enrique López hizo estas declaraciones durante la entrega hoy de una primera remesa de estos equipos informáticos, 70 ordenadores portátiles con conexiones seguras, a funcionarios y empleados del partido judicial de

Alcalá de Henares.

SITUACIONES COYUNTURALES

El consejero dijo que la posibilidad de acogerse a la modalidad del teletrabajo con estos ordenadores portátiles “incidirá positivamente en los ciudadanos madrileños, pues un servicio tan esencial como la Administración de Justicia no se paralizará ante situaciones coyunturales como un confinamiento como el que se produjo el año pasado por el Covid-19, o la reciente borrasca Filomena, que impidió a muchos trabajadores de la región acceder a sus centros de trabajo durante varios días. Además, añadió, "facilitará la conciliación laboral y familiar de la plantilla de los juzgados madrileños”.

Los 4.000 ordenadores portátiles que la Comunidad entregará a lo largo de 2021 al personal de la Administración de Justicia vienen a sumarse a los más de 1.600 que el Gobierno madrileño ya ha puesto a disposición de todos los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la región para que puedan teletrabajar en caso de necesidad.

En relación con la alternativa del teletrabajo -que también favorece la conciliación laboral y familiar-, López indicó que al término de 2020, en la Comunidad de Madrid ascendía al 30% el volumen de la plantilla de la Administración de Justicia con posibilidad de acogerse a esta modalidad, gracias a que el Ejecutivo autonómico les había proporcionado ya licencias digitales de herramientas que permiten a estos profesionales de las sedes judiciales el acceso remoto a los sistemas corporativos.