Así lo recogen sendas órdenes publicadas este lunes en el BOE por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En el caso de Cardiles Oil Company, la inhabilitación se produce por no haber presentado en un primer momento la documentación requerida para el desempeño como operador mayorista, y posteriormente por haber presentado alegaciones de forma errónea y fuera de plazo.

En cuanto a ICSM Midstream and Trading Spain, se le han impuesto dos sanciones de 10.000 euros por incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad, lo que está considerado una infracción grave. La compañía reconoció su responsabilidad y llegó a realizar pago anticipado de multa, pero posteriormente no ha acreditado haber subsanado sus deficiencias de seguridad.

El departamento que dirige Teresa Ribera señala en las órdenes que el desarrollo de la actividad de distribución al por mayor sin cumplir los requisitos exigidos "ha demostrado suponer un gran perjuicio económico para el sector, como así se ha puesto de manifiesto a través de los numerosos procesos de inhabilitación llevados a cabo en los últimos años, así como en la desarticulación por parte de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de distintas tramas de fraude en el IVA y en otros ámbitos, de empresas que operan en este sector, razón por la cual en los últimos años y en virtud del artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos se han llevado a cabo multitud de controles del cumplimiento de los requisitos de los operadores al por mayor".