Esta fue una de las conclusiones que aparecen en el documento y que expusieron el presidente de la fundación, Nicolás Sartorius, y José Luis Escario este jueves durante la presentación del trabajo, que analiza cómo las empresas con sede en un paraíso fiscal eluden sus obligaciones fiscales (en esos territorios no existe apenas las cargas fiscales), lo que implica que los Estados se vean obligados a cargar los impuestos sobre los sectores más desprotegidos, como los contribuyentes del IRPF. "Ahora, los que tienen más capital pagan menos impuestos", matiza Sartorius.

En palabras de Nicolás Sartorious, se trata de "un sistema diabólico porque los Estados se endeudan". "Son los mercados los que mandan en vez de los políticos", añadió.

Si bien es difícil estimar la cifra, según Escario, "el importe total de los fondos depositados gira en torno a los 10 billones de dólares, lo que supone un 80% del PIB de Estados Unidos".

De acuerdo con el informe, estas evasiones fiscales se consideran como una de las principales causas de la crisis económica y afectan a la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la deuda estatal, constituyen un elemento de competencia desleal (especialmente con las PYMES) y suponen auténticos delitos.

De hecho, la pérdida de ingresos públicos ha llevado a muchos países, como algunos de la UE, a recurrir a formas de financiación externas, lo que ha producido un aumento del déficit y la deuda públicos. "El Estado rinde más cuenta a los mercados que a los ciudadanos porque son los mercados los que mandan, más que los políticos", sostiene Sartorious.

También afecta negativamente a los países en vías de desarrollo, cuyos ingresos dependen de las multinacionales. En ellos se produce "una sangría de fuga de capitales; tanto es así que por cada euro que entra en ayuda, se escapan diez", aseguró Escarnio, basándose en un estudio del "think tank" americano Global Financial Integrity.

La repercusión que estas prácticas evasivas en los paraísos fiscales han tenido en la crisis ha sido de tal magnitud que el G20 incorporó este asunto en sus cinco reuniones celebradas en 2008 donde propusieron dos líneas de acción.

Por un lado, obligar a una mayor transpariencia en la presentación de las cuentas de las multinacionales, desglosándolas por país. De este modo, las autoridades podrán comprobar cuánto ganan esas empresas en su territorio.

La otra línea de acción pasa por una mejor cooperación e intercambio de información entre los Estados. Es decir, una cooperación fiscal multilateral que permita a todos los países obtener información sobre las empresas que operan en sus territorios. Además, defienden la implantación de un sistema de intercambio de información fiscal automático, el registro obligatorio de las entidades en todos los Estados y la apertura de una autoridad tributaria multilateral que persiga el fraude fiscal (como el comité fiscal de la ONU).

El perfil de sistema u organización que se instala en los paraísos fiscales suele ser el de una empresa multinacional, si bien, "no son las únicas utilitarias", explicó Escarnio. Dichas multinacionales, junto con los bancos, representan un 60% de la actividad.

Para poder identificar los paraísos fiscales, José Luis Escarnio propone fijarse si existen prácticas de "dumping" fiscal, es decir, si la carga impositiva del territorio es baja o nula para atraer capitales (aunque discrimina entre residente y no residente), el más absoluto secreto al cliente y la falta de cooperación con otras administraciones. Muchos paraísos son protectorados o antiguas colonias del imperio británico.