Por este motivo, el ICOG hizo público este jueves un decálogo para minimizar el riesgo sísmico en España, con medidas que piden reformar la Inspección Técnica de Edificios, rehabilitar las viviendas de más de 40 años y enseñar a los ciudadanos medidas de autoprotección.

Según dijo en rueda de prensa Ramón Capote, catedrático de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, España puede sufrir terremotos de un máximo de entre 6 y 7 grados. Serían "mucho mayores" que el de Lorca, "pero son mucho menos probables".

Preguntado sobre si España estaría preparada para soportar un seísmo de esta magnitud, Capote afirmó que "la mayor parte de las zonas, no".

"Ahora, que no hay que asustarse: los ciclos sísmicos pueden durar miles de años y terremotos como el de Japón, de casi 9 grados, no van a producirse", añadió este experto.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

El decálogo propuesto por el ICOG incluye cuatro medidas dirigidas a la Administración General del Estado, y seis para las administraciones autonómicas y locales.

Entre otras cuestiones, piden reformar la Norma de Construcción Sismorresistente para "recoger las experiencias de Lorca", incorporando las aportaciones de la paleosismicidad y de fallas activas.

Así, si los valores de aceleración del suelo de Lorca estaban previstos en un ratio de hasta 0,12 grados, con el segundo terremoto se alcanzaron niveles de 0,37, "el triple de los valores previstos en el diseño". "La norma se debe mejorar", aseguran desde el ICOG.

"Tiene que haber un antes y un después del terremoto de Lorca. Los terremotos no ocurren sólo en Japón, Chile y California, también los tenemos aquí. De una vez por todas tenemos que adoptar las medidas oportunas", señaló el presidente del ICOG, Luis Suárez.

Además, los geólogos solicitan potenciar la realización de estudios de peligrosidad, reformar la Inspección Técnica de Edificios para exigir la adaptación de las viviendas a las normas sismorresistentes (Murcia, por ejemplo, no tiene normas específicas) y establecer la obligatoriedad del visado de los estudios geotécnicos en la edificación.

Que las comunidades autónomas elaboren los mapas de riesgo recogidos en la Ley del Suelo ("sólo está adaptada la norma de Aragón"), formar al personal técnico de los municipios, informar a los ciudadanos sobre las pautas de autoprotección adecuadas y aprobar planes de rehabilitación para los edificios de más de 40 años son otras de sus propuestas.