CiU pide al Ejecutivo que realice en el plazo de seis meses un informe que contenga el censo de los medios que sufrieron la incautación de sus bienes de acuerdo con la ley dictada el 13 de julio de 1940, que privaba de la recuperación de sus posesiones a las empresas que no demostraran su afinidad con el régimen.

Convergència quiere que con arreglo a ese censo se acuerde la restitución de los bienes a los perjudicados o a sus herederos, tras una actualización de las sumas de acuerdo con el tiempo transcurrido desde la incautación. Además, solicita la exención impositiva del importe económico de las citadas restituciones.

Las incautaciones de los bienes de empresas editoriales se produjeron a partir de 1938 y fueron legalizadas en 1940 gracias una Ley de la Jefatura del Estado que establecía el paso al Patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española de todas las maquinarias y demás material incautado a empresas "contrarias al Movimiento Nacional".

El expolio afectó tanto a las empresas de trayectoria democrática y liberal como a los periodistas, cuyos derechos laborales no fueron respetados y que fueron perseguidos y privados de su derecho a ejercer la profesión.

Un ejemplo de estos hechos es el caso de la Sociedad Editora Universal S.A., que publicaba el "Heraldo de Madrid", "El Liberal", "El Defensor" o "La Moda Práctica", que fue incautada y que no ha recibido compensación alguna en 60 años.