Aunque aún no está cerrado definitivamente el capítulo del Registro Nacional del SIDA del año pasado, las autoridades sanitarias detectaron durante este periodo el fallecimiento de 14 enfermos de IDA, cuya vía de contagio había sido una transfusión.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha establecido indemnizaciones para las personas que fueron infectados antes de que las autoridades sanitarias obligaran en 1987 a bancos de sangre y hospitales a realizar las pruebas de detección del SIDA en todas las unidades de sangre donada.

Varias sentencias han obligado al Insalud y a dos servicios regionales de salud a pagar indemnizaciones a pacientes contagiados por transfusión en fechas anteriores a la probación de la normativa sobre pruebas de detección.

El 21 de noviembre de 1989, la Audiencia de Barcelona condenó a dos médicos a penas de seis meses de prisión y dos de arresto y al Instituto Calalán de la Salud a pagar a dos enfermos contadiagos en el Hospital de Bellvitge 10 millones de pesetas por afectado y 15 millones más en caso de desarrollar la enfermedad.

Esta sentencia fue ratificada el 12 de diciembre de 1991 por el Tribunal Supremo, que reconoció el derecho de un afectado a ser indmnizado, a pesar de que la transfusión le fuera efectuada antes de entrar en vigor el decreto de control de las donaciones.

Durante este año, dos magistrados de Madrid y Valencia hicieron públicas sendas sentencias a favor de pacientes infectados en hospitales públicos.

En otros países europeos han surgido problemas similares. El mes pasado, cuatro altos cargos de la sanidad francesa fueron juzgados por distribuir conscientemente productos sanguíneos infectada por SIDA, que provocó el contagio de1.500 hemofílicos, de los que 250 ya han fallecido.

Por otro lado, el Ministerio de Salud austriaco abrió a finales del mes pasado una investigación sobre la posible exportación a Portugal de plasma sanguíneo infectado por el virus del SIDA.