En rueda de prensa en Bruselas retransmitida por videoconferencia, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, afirmó que cada año unos 30 millones de europeos son víctimas de un crimen grave (violencia de género, terrorismo, amenazas de muerte, robo con agresiones...), mientras que la cifra se eleva hasta 75 millones "si tenemos en cuenta a familiares y allegados que pueden verse implicados".

De ahí la necesidad de armonizar las medidas de protección y compensación entre países, afirmó Reding, objetivo que persiguen los textos presentados.

El primero es una propuesta de directiva general "de mínimos", para definir qué se entiende por víctima, que derechos le corresponden y a qué medidas de protección y compensación puede acceder.

Asimismo, se ha propuesto un reglamento con el que las medidas de carácter civil puedan aplicarse de forma automática (mediante un certificado estandar) si la víctima viaja a otro Estado.

Ambas normativas nacen de la Orden de Protección Europea que en 2010 impulsaron España y otros 11 Estados, a fin de garantizar que las víctimas de violencia de género y otros crímenes disfrutasen de la misma protección en cualquier Estado.

Según el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, hoy existe consenso en este sentido, pero en un principio se planteó el problema de que no todos los países manejan el mismo concepto de víctima ni ofrecen las mismas medidas de protección y compensación.

Además, dichas medidas dependen de un ámbito del derecho (penal, administrativo o civil) en función del país, y había por tanto problemas para abordar todas estas cuestiones en un mismo texto jurídico, afirmó Fonseca.

Así, se optó por que la orden de protección (que desarrolla una directiva) asegurase la aplicación de las decisiones adoptadas en el terreno penal, mientras que el reglamento hoy presentado pretende que ocurra lo mismo en el civil.

A su vez, la propuesta de directiva es "general y horizontal", a fin de establecer unos requisitos mínimos sobre la definición de víctimas, sus derechos y las medidas de protección que les corresponden.

Entre otros puntos, Fonseca destacó que la propuesta consagra el derecho a la información; el acceso a servicios de ayuda; a ser escuchado en cualquier proceso jurídico; a intervenir cuando la causa se interrumpe; al reembolso de los gastos; a no coincidir con su agresor en el juicio; a ser atendido en su idioma, y a la identificación de las víctimas más vulnerables (mujeres y niños).

Fonseca afirmó que la directiva de protección penal debería estar aprobada en el segundo semestre de 2011, mientras que las propuestas hoy presentadas podrían ver la luz finalmente aprobadas en el primer semestre de 2012.

De este modo, una mujer maltratada que viaje de España a Francia podría hacer vigente su orden de alejamiento contra el agresor y además conseguir la custodia de sus hijos, explicó Fonseca.