El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ratificó ese objetivo después de los nuevos fallos contra Madrid Central. Tres de esas sentencias, recuerda el Ayuntamiento, fueron resultado de los recursos contencioso-administrativos de la asociación Dvuelta, el PP y la Comunidad de Madrid, que se resolvieron el pasado mes de julio. Otros dos se conocieron este jueves y este mismo viernes.

En todas las resoluciones judiciales, dice el Ayuntamiento, "se aprecian las mismas consideraciones: no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria presupuestaria previa a la aprobación de la ordenanza".

No obstante, precisa, la regulación de Madrid Central continuará en vigor mientras las sentencias no sean firmes. Hasta que llegue ese momento se mantendrán vigentes las restricciones y prohibiciones recogidas en el artículo 23 y la disposición transitoria tercera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y se sancionará su incumplimiento.

El Ayuntamiento asegura que no recurrirá las decisiones judiciales conforme al criterio técnico de los servicios jurídicos municipales, que ya en junio del pasado año desaconsejaron la interposición del recurso de casación por tratarse de un defecto formal producido durante la tramitación.

En las próximas semanas el Ayuntamiento someterá a aprobación inicial, por la Junta de Gobierno, el anteproyecto de ordenanza por la que se modificaría la Ordenanza de Movilidad Sostenible, así como su sometimiento a información pública para que toda persona física o jurídica pueda alegar lo que estime oportuno y participar en la elaboración de la norma.

El anteproyecto, aseguran desde el Consistorio, introduce mejoras normativas para proteger la salud de las personas, la mejora sustancial, global y eficaz de la calidad del aire y el medio ambiente urbano.