La reunión está prevista a las 10.00 horas y el Gobierno ya ha afirmado que tomará una decisión “definitiva”. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha dicho esta semana que el propósito es “intentar alcanzar un acuerdo en el diálogo social, pero está claro que la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo”. En el caso de que no haya un consenso, “tendremos que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación en torno a la naturaleza jurídica” de los repartidores, según ha afirmado.

El Gobierno viene trabajando con los agentes sociales desde hace meses en una norma que clarifique los criterios para determinar que los trabajadores de plataformas tienen un contrato laboral y no son autónomos, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.

Esta norma es una de las enviadas a la Comisión Europea dentro del paquete de reformas comprometidas para recibir fondos europeos.

Desde los sindicatos, se han mostrado favorables al acuerdo y han trasladado que el Gobierno ha aceptado su propuesta de crear un registro público de plataformas digitales en el que se recojan los algoritmos que éstas usan para su actividad, cómo se organizan, desarrollan sus servicios o supervisan a los empleados. Esta información servirá para evitar fraude laboral y determinar si la plataforma tiene que cumplir con el marco laboral.

Por su parte, la patronal que agrupa a las plataformas digitales dedicadas al reparto de comida, Adigital, advirtió el pasado mes de octubre de que una “potencial laboralización” de los repartidores en España supondría que 23.000 trabajadores perderán sus ingresos y los restaurantes dejarán de facturar más de 250 millones de euros.

Adigital pide soluciones que “preserven la flexibilidad y competitividad del mercado laboral y, al mismo tiempo, garanticen mayores derechos y protecciones”.

Cabe recordar que el Congreso de los Diputados ha aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema público de pensiones, entre las que recoge que “muchas actividades desarrolladas a través de plataformas digitales se caracterizan por ser esporádicas o marginales en función del tiempo de trabajo; resulta clave favorecer su inclusión dentro del sistema, como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad”.