Así lo anunció este viernes a través de un comunicado en el que volvió a mostrar su “absoluto rechazo” a la realización de este tipo de pruebas en las oficinas privadas de farmacia y recordó que, según la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de la Covid-19 de Sanidad, los estudios de cribado podrán considerarse en determinadas situaciones de alta tasa de transmisión en un área geográfica determinada o en la población diana del cribado y sólo se emplearán las pruebas rápidas de detección si los recursos de PCR estuvieran limitados.

Además, la mesa puntualizó que, según el criterio establecido por Sanidad, estos test deben entenderse como una medida extraordinaria y siempre en el contexto de un programa de salud pública de la comunidad autónoma, por lo que entiende que esto excluye la posibilidad de que se puedan realizar a demanda de cualquier ciudadano.

“Está ya más que demostrado que el virus permanece en el aire y hay que considerar el alto riesgo que supone el momento de la realización de la prueba, ya que el usuario estará sin mascarilla y con el riesgo de que, si está infectado, pueda contaminar el aire y ser fuente del contagio para el resto de personas que visiten la farmacia”, añadió el organismo, para, a continuación, instar a los profesionales de Atención Primaria a que no deriven a pacientes al considerar que se trata de una “práctica lucrativa” de las farmacias.

Tras lamentar que la Comunidad de Madrid sea la única administración regional de España “que ha primado y favorecido los intereses de la empresa privada en lugar de preservar el bien general de proteger la salud y seguridad de las personas”, emplazó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a invertir el dinero público en “mejorar y fortalecer” la Atención Primaria para que los profesionales de la sanidad pública “competentes y cualificados para ello” puedan realizar estas actuaciones asistenciales “en las mejores condiciones y con todas las garantías”.