Así lo manifiesta en un artículo de opinión publicado en el boletín ‘Cermi.es semanal’, en el que recuerda que “el colectivo de la discapacidad es el primero en sufrir los recortes económicos y sociales y el último en beneficiarse de la recuperación”.

Para ella, “una pandemia sanitaria siempre afecta a las personas más vulnerables, pero estamos viendo que cada día nos tienen más en el olvido”. En este sentido, denuncia la “falta de accesibilidad en los contenidos informativos y de comunicación” y la “no priorización” de la atención sanitaria y social para los que viven en residencias, pisos tutelados o en otros recursos colectivos, que “ahora es más necesaria que nunca”.

De esta manera, reclama unas políticas públicas “adecuadas”, orientadas a la reducción de la brecha digital y a “poner la mirada” en las personas con discapacidad en el medio rural, ya que “viven una realidad muy distinta a la sentida y vivida en las grandes poblaciones de esta comunidad”.

Asimismo, solicita la recuperación de algunas de las subvenciones perdidas en 2020, “que son necesarias para las asociaciones de este colectivo”, y la disposición para “acordar un nuevo modelo de financiación para las entidades del tercer sector en general y de las entidades sociales de la discapacidad en concreto”.

Por último, desea la puesta en marcha de las conclusiones de la ‘Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la Covid-19’, decididas y aprobadas en sede del Parlamento de La Rioja y publicadas en el BOR del 15 de julio de 2020, ya que “recogen muchas de las reivindicaciones que venimos solicitando desde hace años”.

La publicación también recoge otros contenidos como la propuesta de la regulación de la condición europea de persona con discapacidad y la homologación de estas situaciones entre los Estados miembro, a través de un informe elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid; o la propuesta de enmiendas realizadas por el Cermi en las que se pide eliminar la expresión "imposibilitante" de la Ley de Eutanasia, a fin de evitar cualquier discriminación hacia las personas con discapacidad.

Además, incluye las principales conclusiones de la reunión mantenida esta semana ente el Cermi y Magdalena Valerio en la que la plataforma de la discapacidad pidió apoyo para “materializar con rapidez" las recomendaciones sobre discapacidad del nuevo Pacto de Toledo.

En materia de violencia de género, se resaltan las enmiendas que ha realizado la Fundación Cermi Mujeres en relación con la nueva ley de protección y asistencia a víctimas de violencia de género para que se tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad y combatir así la discriminación interseccional.