Herrera explicó, ante la primera Junta Directiva Autonómica del nuevo curso político, las prioridades de las cuentas para el próximo ejercicio en las que anunció que se tendrán que “apretar el cinturón” y “despojar de gastos” que no sean necesarios e imprescindibles pero dejó claro que explicarán esos “sacrificios” y las decisiones que se adopten, en esta línea, a la ciudadanía.

Para la elaboración de estos presupuestos, que calificó de los más “duros y exigentes” desde que es presidente, manifestó que su estrategia es preguntar a sus colaboradores sobre lo que les piden las familias y a lo que tienen que “renunciar” que exceda del carácter prioritario.

En este sentido, explicó que las familias solicitan una educación y una sanidad de calidad, servicios sociales para niños, mayores y dependientes, y empleo. "No la creación de más puestos de trabajo público, sino la apuesta por la competitividad y la economía productiva", destacó.

Herrera enmarcó la elaboración de los presupuestos en una “disminución bárbara” de las entregas a cuenta que llegan del Gobierno central y del Fondo de Compensación Interterritorial, que cifró en al menos 1.000 millones de euros, lo que subrayó que les plantea un “agujero” y les lleva a preguntarse por las prioridades.

De manera que, a falta del cierre de las cuentas públicas, anunció que el montante total de los presupuestos, que este año ascendió a 10.584 millones de euros, va a disminuir por primera vez en la historia de la comunidad, si bien apuntó a que la educación, sanidad, servicios sociales y empleo serán las prioridades, junto al mantenimiento de los beneficios fiscales para las familias.

FINANCIACIÓN

Otra de las “cuestiones importantes” para el presidente de la Junta es la financiación autonómica. “No conocemos los ingresos adicionales, pero sí los recortes”, apuntó en referencia a las entregas a cuenta de 2008 y 2009 que deberán devolver de manera fraccionada las comunidades a partir de 2012, aspecto que le llevó a censurar que el Gobierno haya “ocultado” ingresos del Estado.

Además, reiteró que la autorización de deuda a las comunidades, hasta un 2,5% de su producto interior bruto, supone un reconocimiento de que el modelo es "insuficiente".