Según el sindicato presente principalmente en el sector público, esta realidad es una “muestra del retraso en la ejecución de las ofertas de empleo publico pese a las necesidades de personal”. Además, desde CSIF se exigió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la “inmediata incorporación” de otras 1.700 personas que esperan conocer su nuevo destino tras aprobar su promoción interna. En este sentido, señaló que Función Pública se comprometió a realizar estas incorporaciones en el último trimestre del 2020, según el sindicato.

No obstante, el proceso no se ha llevado aún a cabo y ha derivado en una coyuntura que desde CSIF calificaron como “inaceptable” porque consideraron que, si la Administración hubiese cumplido con su compromiso, se podría haber evitado la situación de “desbordamiento” que atraviesan organismos como el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la Seguridad Social por la “avalancha” de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o peticiones para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por último, el sindicato denunció que “la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de las plantillas” y que “en el mejor de los casos” transcurre una media de dos años desde que se aprueban los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público hasta que se cubren.

El sindicato ha planteado un plan de recursos humanos a tres años para las administraciones públicas con más de 106.000 efectivos (43.477 en AGE), y un plan adicional para Sanidad con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.