Así se expresa Belarra en un hilo en Twitter, donde rechaza que este fondo sostenga que la vivienda social es 100% responsabilidad pública para rechazar la propuesta de Unidas Podemos de incluir en la futura ley estatal de vivienda la obligación para los grandes propietarios de destinar el 30% de su parque a vivienda social en alquiler.

Belarra sostiene que “nuestra Constitución señala claramente que toda la riqueza del país está subordinada al interés general” y que “los poderes públicos deben hacer efectivo el derecho a la vivienda protegiendo el interés general y evitando la especulación”.

En esta línea, añade que “nos encontramos ante una emergencia habitacional dramática en nuestro país donde la gente destina de media el 40% de sus ingresos al pago del alquiler”, algo que en el caso de los jóvenes llega a ser más del 100% de su sueldo.

Además, denuncia que esta situación es consecuencia de décadas de ausencia de una política estatal de vivienda que apueste por un parque público de vivienda en alquiler homologable al de otros países de Europa y del “enorme descontrol para que el sector inmobiliario obtenga grandes beneficios”.

De hecho, recuerda que España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes (0,9). “Estamos a años luz de otros países como Francia (7,2) o Países Bajos (12,5)”, lamenta.

Por ello, sentencia que “ante esta situación el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y asegurar la corresponsabilidad de todos los actores para garantizar el derecho a la vivienda”.

Por otro lado, recuerda que Blackstone fue denunciado por el Relator de la ONU sobre la pobreza extrema por comprar bloques enteros de vivienda para subir los alquileres a precios exorbitados y expulsar de ellos a sus habitantes. “Estas prácticas son inaceptables y deben terminar”, concluye.