Así se recoge en una proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario con el objetivo de agilizar la gestión de dicha ayuda, dados los retrasos en su tramitación y las grandes dificultades para su solicitud, en especial para las personas en situación de pobreza severa, según explica.

Firmada por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y por su portavoz en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Sara Giménez, la proposición destaca que, de los 850.000 hogares a los que se pretendía alcanzar con esta ayuda, solo 160.000 (460.000 personas) la reciben en la actualidad.

“Hay además 270.000 solicitantes pendientes de resolución”, prosigue, y a 181.000 personas se les ha requerido enmendar errores. Con los datos actuales, no se llega ni al 85% de las personas que ya percibían las rentas autonómicas, apuntó Ciudadanos.

Por ello, su reconocimiento “de oficio”, aunque sea de forma excepcional y sujeto a revisión, agilizaría el proceso “de forma muy significativa”, consideró.

El texto señala que serían las administraciones autonómicas las encargadas de “comunicar la información de dichos beneficiarios a través de los protocolos habilitados al efecto, a fin de garantizar el acceso de estas personas al IMV “hasta que se pueda asegurar una tramitación ágil y eficiente”.

En su iniciativa, Ciudadanos reconoce la necesidad de implantar un ingreso mínimo nacional para “armonizar” “las disparidades” entre distintas rentas de inserción autonómicas y garantizar así “un marco de protección común”.

Con todo, destaca que la “finalidad compartida” de todos estos instrumentos “es combatir la exclusión social y la pobreza”, por lo que aunque “las personas que accedan a la prestación a través de este procedimiento excepcional no reúnan la totalidad de requisitos exigidos en la norma reguladora del IMV, se sí podrá entender que todas ellas se encuentran” en esta situación.

Indicó que de este modo, se facilitará el acceso al IMV a las personas en situación de pobreza severa, que son las que “más dificultades encuentran a lo largo del proceso administrativo”, “demasiado burocratizado y con unos requerimientos de información muy exigentes y difíciles de cumplimentar.

La medida busca aprovechar la experiencia y el conocimiento de las Comunidades Autónomas y, de este modo, “dedicar los recursos liberados al refuerzo de asistencia a las familias en pobreza severa que se encuentran fuera del sistema y que requieren urgentemente de esta prestación”, concluyó.