La comunidad andaluza era una de las que no cumplia, a juicio del Ministerio de Economía y Hacienda, con las restricciones impuestas en la Ley de Presupuestos del Estado, que establece que este año sólo podrá cubrirse el 10% de las jubilaciones de funcionarios, salvo en el caso de los docentes, donde el porcentaje podrá llegar al 30%.

Y por ello, el departamento que dirige Elena Salgado iba a recurrir la convocatoria. Sin embargo, en el último momento, Andalucía argumentó que de las 3.796 plazas de maestros de infantil y primaria convocadas, un total de 2.200 corresponden a la consolidación de empleo ocupado hasta ahora por interinos y que el resto, 1.596, sí se ajustan a la limitación del 30%, lo que hizo que el Gobierno no llevara el caso a los tribunales.

Según afirmó Gabilondo a la salida de un acto de entrega de premios a bibliotecas escolares en Madrid, "ha habido un conflicto de interpretaciones o de lecturas distintas" que ha llevado al Ministerio de Hacienda a interponer un recurso contra las convocatorias de algunas CCAA y a frenarnlo, en el último momento, en Andalucía, donde se ha llegado al acuerdo de modificar la propuesta inicial para "reconvenir" el número de plazas, siempre ajustándolo a la legalidad.

Y esa reconversión, dentro de la legalidad, es lo que espera el ministro que hagan en Cataluña, Navarra y Castilla y León, comunidades en las que Economía ha recurrido ya la convocatoria de oposiciones a docentes de este año por entender que no se ajustan a las restricciones marcadas en la norma.

La propuesta inicialmente hecha por Andalucía se ha podido reconvenir mediante el diálogo, subrayó el titular de Educación, quien reiteró en este sentido su deseo de que "los procesos de conversación" sean la solución también en el resto de autonomías afectadas por este "conflicto de interpretaciones".

Porque, finalizó, las restricciones en el número de plazas de las oposiciones de docentes no responden "a un problema de flexibilidad", sino a la necesidad de "hacer las cosas rigurosamente". El Ministerio, aseguró, está a favor de convocar el máximo número de plazas posible, pero siempre dentro de la legalidad.