En su intervención en el Pleno del Congreso, Gómez subrayó que el pasado 30 de abril había más personas ocupadas que el 31 de diciembre, lo que demuestra que “hemos recuperado todo el empleo perdido en el primer trimestre”. En este sentido, el ministro defendió que “mes tras mes, lentamente, la situación va cambiando y mejorando”.

El responsable de Trabajo respondió así a una pregunta del diputado del PP José Ignacio Echániz, quien denunció que el paro “es siempre la seña de identidad del Gobierno socialista”.

Además, aseguró que la caída del empleo no es mayor gracias al descenso registrado en la población activa, provocado por el “desánimo de la gente que deja de buscar trabajo”.

El diputado popular también criticó que tres de cada cuatro empleos que se destruyen en España son indefinidos.

Sobre este tema, el ministro aseveró que durante esta crisis el 16% del empleo perdido era indefinido, mientras que durante la anterior recesión esta cifra alcanzó el 94%.

La bancada popular también criticó el plan de lucha contra el empleo sumergido aprobado por el Gobierno. Echániz dijo que era “tan inútil como la visión de la realidad económica de España” que tiene el Ejecutivo, mientras que el diputado Miguel Barrachina denunció que se trata de una “regularización masiva del fraude”.

Sin embargo, Gómez reiteró que el plan de choque no supone una amnistía para los empresarios, sino que sólo se les dan “facilidades” durante tres meses para que afloren el empleo ilegal.

En este sentido, el ministro defendió que el plan de choque es una iniciativa “adecuada para luchar contra el empleo sumergido” y añadió que es el mayor paquete de medidas adoptado en esta materia “por lo menos en las dos últimas décadas”.

Asimismo, afirmó que el plan de choque responde a un “consenso generalizado” sobre la necesidad de luchar contra el empleo sumergido, y agregó que todas las medidas obedecen a una idea, que es “tolerancia cero” con el fraude pero con “vocación de futuro”.

No obstante, el diputado Barrachina criticó que el Ejecutivo haya reducido la plantilla de la Inspección de Trabajo y se preguntó cómo pretende el Gobierno aflorar el empleo sumergido “si hay menos personal”.

Además, denunció que el plan de choque supone “un paréntesis legal perdonando a los incumplidores”.