Ione Belarra alabó la labor de su departamento, a través de una enumeración de los “logros” llevados a cabo hasta el momento. La dirigente de Unidas Podemos repasó los puntos más importantes de los ODS, donde afirmó que “han conseguido un escudo social sin precedentes”. La secretaria de Estado de Agenda 2030 reivindicó la importancia de las políticas públicas y señaló a los “adalides de la privacidad” como un problema en el desarrollo de los ODS.

Belarra destacó el “papel fundamental” en políticas sobre la vivienda y el alquiler, “frenando los desahucios y las moratorias hipotecarias”. No obstante, la secretaria de Estado aseguró que "si, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30 % de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional".

En el ámbito educativo, reivindicó un acceso en igualdad de oportunidades “sin importar la etnia, color de piel, religión u orientación sexual”. En esta línea agradeció el trabajo correspondiente al Ministerio de Igualdad, donde aseguró que en 2020 “se sacaron una batería de derechos para proteger a la mujer”, desde una reducción de la brecha retributiva entre hombres y mujeres hasta la reforma de la ley contra la violencia de género.

Otra de las claves de los ODS es la lucha contra el cambio climático, y en este ámbito, Belarra pidió más acción a la Unión Europea para combatir una “cuestión de máxima importancia”, a través de incorporar la sostenibilidad en el eje continental. “Esto requiere un refuerzo en la dimensión social, además de una transición ecológica y digital. No tiene sentido la digitalización si hay una brecha social o de género”, afirmó la dirigente de Podemos, y añadió que “no podemos vivir de espaldas al planeta”.

En cuanto a las inversiones destinadas por el Gobierno de acuerdo a los OSD, Belarra recalcó algunos datos “de gran relevancia” para seguir la hoja de ruta marcada. Entre ellos resaltó un aumento en sanidad del 150%, un incremento en el presupuesto para la transición ecológica en 6.000 millones de euros, o la actualización de las pensiones contributivas, que suben en un 0,9%, y las no contributivas, en un 0,8%.