El fiscal encargado del caso, Pedro Martínez, califica a Resistencia Galega de “organización terrorista” y pide para Vigo y Sánchez ocho años de prisión por un delito de depósito de explosivos.

Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2007, cuando los acusados fueron sorprendidos por la Guardia Civil en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en una carretera de la localidad coruñesa de Portosín.

En el interior del coche, los agentes encontraron un artefacto explosivo casero compuesto por ocho carcasas pirotécnicas con 580 gramos de pólvora comercial, cinco aerosoles de gas butano, tres dispositivos de iniciación y 29 trozos de varilla metálica a modo de metralla.

Además, hallaron un cartel con la leyenda “Perigo bomba”, dos relojes despertadores modificados, unas tijeras, varios pares de guantes de látex y un bote de pegamento.

Según el fiscal, los acusados pensaban colocar la bomba en una zona de chalé de la inmobiliaria Pomar cercana al lugar de la detención. La acción se enmarcaba dentro de la campaña “contra la especulación inmobiliaria” de Resistencia Galega.