El texto, según el sindicato, refleja que las medidas aprobadas responden, exclusivamente y de nuevo, a las exigencias de Europa y los mercados financieros, incluidas en el Pacto por el Euro Plus, aprobado el pasado mes de marzo de 2011.

No responde, por lo tanto, "a una verdadera voluntad por luchar contra la explotación laboral y el fraude social y fiscal que supone la economía sumergida".

Para UGT, llama la atención la inconveniencia de incluir en el mismo real decreto las medidas para el control del empleo sumergido y el fomento de la rehabilitación de viviendas. "De este modo, el propio Gobierno contradice la importancia que en el preámbulo da a la necesidad de luchar contra el empleo sumergido", dijo.

En el preámbulo del texto legal se anuncian las modificaciones que se han introducido con respecto al borrador de 18 de abril y que "en la práctica despojan al decreto de la poca virtualidad que ya tenía, y lo convierten en un plan de afloramiento que, en realidad no lo es, y aumenta el desequilibrio que tenían los borradores anteriores, puesto que los únicos beneficiados, sin coste, serán los empresarios".

Desaparece la posibilidad de reconocer periodos previos de trabajo y, por lo tanto, la obligación de los empresarios de ingresar las cotizaciones correspondientes al tiempo de trabajo efectivamente prestado por el trabajador. Una "amnistía" en la práctica, para los empresarios que han venido utilizando trabajadores sin dar de alta y/o cotizar.

Dada la desaparición del reconocimiento de un periodo previo de prestación de servicios por el trabajador que vaya a ser contratado, la iniciativa legal resulta de inútil aplicación, añadió la organización sindical.

Otra concesión a los empresarios es, agregó UGT, la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes o subcontratantes cuando el contratista o subcontratista no haya solicitado la afiliación o el alta de los trabajadores.

Entre otras cuestiones, y como novedad, la disposición adicional segunda establece la evaluación de las medidas incluidas en el decreto, pero no establece ninguna fecha tope para dicha evaluación, ni con qué criterios va a llevarse a cabo.