Tras considerar que esta norma “invade competencias autonómicas, derechos constitucionales y, sin lugar a dudas, perjudicará enormemente al sector inmobiliario, que es uno de los elementos dinamizadores de nuestra economía y que ha mostrado frontalmente su reticencia a la ley”, indicó que el retraso que lleva ese proyecto, “sin lugar a dudas, guarda relación directa con la tensión existente entre los dos socios de Gobierno, donde el vicepresidente Iglesias trata de imponer su ideología intervencionista frente a Sánchez”.

Señaló que “la anulación del decreto-ley catalán de obligación del alquiler social para grandes tenedores, y la admisión a trámite por parte del TC del recurso contra la ley catalana de contención de rentas, son causa directa por las que el Ministerio se ve obligado a retrasar el proyecto de Ley de Vivienda”.

Consideró que “estas resoluciones y las que vengan en su consecuencia reflejan que alterar el derecho fundamental de la propiedad o intervenir el mercado del alquiler, tanto por el procedimiento seguido como por el fondo de la cuestión, pueden ser inconstitucionales”.

Pérez destacó que desde la Comunidad de Madrid “siempre lo hemos advertido y, por ello, pedimos al Gobierno que reconsidere su posición y apueste por la seguridad jurídica, por la generación de oferta de vivienda asequible y por una fiscalidad favorable a la vivienda como las mejores vías para garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda, como pretendemos desde la Comunidad de Madrid y como ya estamos poniendo en marcha con proyectos como el Plan Vive”.