Así lo refleja un informe elaborado por la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que calcula que las pérdidas de facturación actuales se sitúan en torno a los 1.200 millones de euros semanales.

Según el estudio, el 60% de las pérdidas que causaría un nuevo confinamiento corresponderán a las pymes. Es decir, las pequeñas empresas perderán 1.100 millones de euros semanales si se aprueba un nuevo confinamiento.

Por otro lado, los cálculos de Ceprede y Cepyme estiman que la mitad de estas pérdidas se acumularán en siete actividades (construcción, hostelería, comercio mayorista, comercio minorista, inmobiliarias, automoción y transporte terrestre), en las que la presencia de las pymes se aproxima al 60% del total.

Estas previsiones sobre el volumen de ingresos de las pymes ante un nuevo confinamiento son equiparables a las estimaciones que Ceprede ha realizado sobre el empleo. La organización augura que, del total de empleos que se verían afectados por una nueva cuarentena, el 63% correspondería a las pymes. Los sectores más afectados en este escenario serían los servicios de alojamientos, comidas y bebidas, con una pérdida de 62.330 trabajadores; comercio al por menor, con la destrucción de 52.544 empleos; y construcción, que perdería 43.157 empleados.

El estudio no contabiliza el número de empresas que desaparecerían ante un nuevo confinamiento, aunque, según el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, la destrucción de empresas será “proporcional al número de medidas que apruebe el Gobierno”. “Si el Gobierno no pone medidas como las que pedimos hoy, posiblemente la curva se incrementará de forma exponencial”, afirmó Cuerva, quien aseguró que el Gobierno “no puede esperar sentado a que llegue la vacuna”.

NUEVAS MEDIDAS

En este sentido, el dirigente de la patronal señaló que “tienen claro” que el problema “más grave” al que se enfrenta el país es la crisis sanitaria, pero afirmó que cualquier restricción decretada para paliar los efectos sociales de la pandemia del coronavirus “tiene que venir acompañada de medidas extraordinarias”.

Desde Cepyme han reclamado al Gobierno que amplíe el capital de los préstamos ICO dirigido a pymes en unos 20.000 millones de euros, prorrogue su plazo y redistribuya el cupo no utilizado por grandes empresas para afrontar los problemas de liquidez, además de la concesión de ayudas directas que alcancen un importe equivalente al 20% de las pérdidas registradas en 2019 que estén en línea con las exigencias y limitaciones interpuestas por la Comisión Europea.

La patronal también ha pedido ampliar hasta 24 meses los plazos de aplazamiento de la Seguridad Social y Hacienda sin garantías adicionales, reducir el recargo por retraso en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda del 20% al 5% e introducir vacaciones fiscales, es decir, un periodo en el que las pequeñas empresas no tengan obligaciones fiscales.

Por último, Cepyme ha exigido a las administraciones públicas que paguen “inmediatamente” las deudas que tiene con empresas. Respecto a los problemas de solvencia, Cepyme ha puesto sobre la mesa, entre otras medidas, la condonación de los préstamos ICO, para que estos se conviertan así en ayudas directas, e incentivos para fomentar la inversión en pymes, como la deducción de IRPF para las personas que inyecten fondos en pequeñas empresas.

“Si no conseguimos resolver los problemas de liquidez y de solvencia, puede suceder que, cuando concluya la crisis sanitaria, entremos en una nueva crisis financiera que nos lleve a una situación parecida a la de 2011. Más allá de las empresas que vayan a cerrar, debemos preocuparnos como país por garantizar la solvencia de las empresas”, afirmó el director adjunto de Ceprede, Julián Pérez.