En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Salgado señaló que el Gobierno ha fijado para esa fecha la subida en el IVA ya que “situamos en ese momento que la recuperación económica ya habrá comenzado en España”. “Según nuestra previsión estaremos ya en crecimientos positivos”, añadió.

En este sentido, aseguró que el efecto sobre la demanda de la subida de este impuesto no será muy significativa sino que será más importante la consolidación de la confianza de los consumidores.

En su opinión, “es el factor confianza el que más influye en el consumo”, por lo que avanzó que “cuando haya signos positivos en la economía –en julio de 2010-, esa confianza se habrá consolidado”.

Así, puso como ejemplo lo ocurrido en 2009, cuando no hubo una subida de impuestos y sin embargo el consumo cayó con fuerza.

Salgado afirmó que, aunque en el IVA no existe “una tributación específica para los bienes de lujo”, por lo que las subidas son generalizadas “y no es posible hacer distinción de quién compra determinado producto”. Sin embargo, aseguró que subiendo en mayor medida el IVA general que el reducido, y manteniendo el superreducido “hemos hecho alguna señal en el sentido de la progresividad”.

La ministra reiteró que las subidas impositivas que se incluyen en el proyecto de presupuestos tendrán en su conjunto un efecto sobre la presión fiscal de un punto del PIB.

Según Salgado, éstos son “unos presupuestos sociales”, por lo que confía en que los apoyen “los más partidarios de la no disminución del gasto social”. Sin embargo, añadió que está reflexión “deja fuera un gran grupo –en referencia al PP- con el que será más difícil acordar los presupuestos”.

No obstante, aseguró que el Ejecutivo va a “trabajara para lograr el máximo consenso posible” en el arco parlamentario. Con este objetivo, avanzó que el lunes se pondrá en contacto con el PP para tratar de cerrar una reunión ese mismo día, antes de que el martes se presenten los presupuestos en el Congreso.

GASTO SOCIAL

En cuanto al gasto, aseveró que se reduce en todas las partidas “que no son absolutamente prioritarias” y añadió que el 51,6% se destinará a gasto social.

Asímismo, el 21% de los presupuestos se destinará a transferencias a otras administraciones, el 6,3% a I+D+i e infraestructuras, el 6,6% al pago de los intereses de la deuda pública, el 6,2% a los servicios públicos básicos, y el 8,3% restante a otras actuaciones económicas.

También detalló que el gasto en personal de las administraciones públicas crecerá un 2,7%, que se divide en un incremento retributivo del 0,6% (0,3% crecimiento de los salarios, 0,3% en los planes de pensiones y congelación de los altos cargos) y el resto por los aumentos del gasto en justicia e interior.

En este caso, apuntó que los incrementos en estos dos ministerios no se deben a aumentos retributivos sino “fundamentalmente a una mayor dotación de personal”, sobre todo por el plan de modernización de justicia.

Salgado apuntó que las inversiones también se van a ver afectadas por el recorte del gasto, aunque en “algunos casos” éstas van a ser realizadas “por entes que tienen capacidad de endeudamiento y por tanto de hacer inversiones”.

En esta línea, la vicepresidenta segunda hizo un llamamiento a quienes critican las cuentas por considerarlas poco austeras y les emplaza a que “digan donde proponen ese mayor recorte”.

Por otro lado, subrayó la cooperación de todos los ministerios para lograr unas cuentas austeras. “Siendo los presupuestos más duros, han sido también, en relación con los ministerios, los más fáciles, gracias a la absoluta solidaridad en el esfuerzo de todos los ministros”, aseguró.