La reserva no podrá amparar la realización de usos y actividades distintas a la de la construcción de la desaladora. El órgano encargado de la ejecución de las obras será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Deberá presentar, a estos efectos, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas, a fin de reparar los daños causados por las mismas. Una vez finalizadas las obras, los terrenos ocupados temporalmente deberán ser dejados en sus condiciones iniciales.