Ambos acuerdos, que se remitirán a las Cortes Generales, han sido concluidos para dar respuesta al conflicto surgido entre las agencias de protección de datos europeas y las normativas australiana y estadounidense, respectivamente, que exigían a las compañías europeas que realizaban servicios con ambos países el envío previo de datos personales de los pasajeros.

En el caso de Estados Unidos, el régimen de transmisión de datos de pasajeros de líneas aéreas viene impuesto tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se configura como una herramienta en la lucha contraterrorista y otros delitos de carácter transnacional.