El texto aprobado hoy, "sensato y ajustado a derecho" para el Gobierno, "muy necesario" para socialistas y agrupaciones de mujeres, "restrictivo" para las clínicas que practican abortos y "un grave error" para populares y grupos provida, pasa ahora al Congreso de los Diputados para comenzar allí su tramitación parlamentaria.

Según afirmó tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el proyecto del Ejecutivo es "sensato", pues es "el que más se ajusta a la realidad" de España y pretende dar respuesta sin dogmatismos a las carencias "detectadas en la actual ley".

En concreto, este documento establece que hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. De manera "excepcional", apunta el texto, la mujer podrá abortar hasta la semana 22 sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo su vida o su salud o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, explica el Gobierno, la mujer deberá acompañar su voluntad con un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

16 AÑOS

En relación al consentimiento de la mujer y a la posibilidad de decidir de las jóvenes de 16 años, el Ejecutivo entiende que tal decisión "es coherente" con el marco jurídico español y con la "realidad social" del momento, por lo que el texto mantiene la disposición final segunda, donde se modifica la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que establece la necesidad de permiso paterno para abortar.

Por otra parte, la iniciativa del Ejecutivo señala que los centros que practiquen abortos deberán contar con sistemas de "custodia activa y diligente" de las historias clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento de los datos "las medidas de seguridad de nivel alto", previstas en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

Según el texto aprobado hoy, la interrupción voluntaria del embarazo se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), "para que sea una prestación pública y gratuita".

MODIFICACIONES

De la Vega explicó que el proyecto de hoy mejora algunos aspectos técnicos sobre el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo.

Así, dijo, atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Estado, se ha modificado el artículo que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar los diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.

Este comité estará formado por un equipo pluridisciplinar de expertos en diagnóstico prenatal y deberá confirmar el diagnóstico grave del feto para que, una vez esto, sea la propia mujer la que decida sobre su intervención.

Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesta por el Ejecutivo modificará la Ley Orgánica 9/1985, en la que se recogen los supuestos en los que el aborto está ahora despenalizado del Código Penal. Tales supuestos son que el aborto sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; que la gestación sea consecuencia de una violación (siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de embarazo), o que se presuma que el feto nacerá con graves problemas físicos o psíquicos (en este caso, ha de practicarse dentro de las veintidós primeras semanas de gestación).

REACCIONES

Para Mario Mingo, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, el proyecto del aborto aprobado hoy es "un grave error" que llevará a los populares, casi con toda seguridad, a enmendarlo en su totalidad cuando comience el trámite parlamentario.

Por el contrario, para Soledad Cabezón, vocal por el PSOE en la comisión de Igualdad de la Cámara Baja, la propuesta del Gobierno sobre el aborto es "un paso adelante" "muy necesario", ya que la legislación actual "no se adapta a la realidad social" del momento.

Las opiniones contrapuestas entre los políticos se reflejan también en la sociedad, donde grupos como Mujeres Juristas Themis ve la reforma del aborto como "absolutamente necesaria" para situar a España a la misma altura que la mayoría de los países europeos y donde Federación Española de Asociaciones Provida la considera

En la misma línea que Themis se sitúan la Fundación y la Sociedad Española de Contracepción, que consideran que la ley que ahora entra en el Parlamento situará a España en la línea de la mayoría de los países de su entorno.