La titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, María Luisa Lázaro, dictó el pasado mes de febrero un auto en el que, antes de admitir a trámite la querella, fijó una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Manos Limpias ha recurrido esta fianza en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerarla “excesiva e inapropiada”, según señala el sindicato en un comunicado.

La denuncia se dirige contra Nicolás Martín, embajador de España en Kenia; Jesús Figa López Palo, la actual embajadora en el Vaticano y antigua subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores; Marta Navarro, subdirectora General de Administración Financiera de Asuntos Exteriores; y Elías Rodríguez Díaz, jefe del Área de Cajas Pagadoras, según informó Manos Limpias en un comunicado.

La Audiencia Nacional aseguró ayer “sin duda alguna” que fueron “organismos públicos vinculados al Gobierno español” los que pagaron el rescate para la liberación del atunero vasco Alakrana.

“El resultado de la prueba practicada ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero”, afirmaba la sentencia hecha pública ayer.

Esta resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo, condenó a sendas penas de 439 años de cárcel a los piratas somalíes Abdu Willy y Raageggesey Hassan Haji como autores del secuestro del atunero vasco.