Según un informe presentado hoy por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se han presentado 130.000 solicitudes. De ellas, se han resuelto más de 52.000 y el 90% de forma positiva.

Además, 190.000 jóvenes se han interesado por el funcionamiento, las prestaciones y las condiciones para obtener esta ayuda directa y se han acercado a las oficinas de sus respectivas autonomías para solicitar esta información.

El estudio destaca que, tras cinco meses desde su implantación, la ayuda se cobra en todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Y todas estas administraciones están, igualmente, tramitando y resolviendolas solicitudes de los jóvenes a través de la red de 229 oficinas que se distribuyen en todo el país.

Madrid (31.707), Cataluña (19.375), Andalucía (13.872), Galicia (12.832) y Castilla y León (10.465) son las Comunidades Autónomas con mayor número de solicitudes presentadas.

De las autonomías que han recibido el mayor volumen de solicitantes, Cataluña es la que más instancias ha tramitado ya (8.600), seguida por Andalucía (5.634). Por su parte, Madrid ha gestionado el trámite de 2.887 solicitudes.

DOS MESES DE ESPERA

El primer cobro de la ayuda puede demorarse cerca de dos meses a partir del reconocimiento del derecho a cobrar la ayuda, porque una vez que la solicitud ha obtenido una resolución positiva por parte de los entes autonómicos, el Ministerio de Vivienda pone en marcha la colaboración con las entidades financieras.

Las entidades bancarias, a su vez, verifican el pago efectivo del alquiler por parte del joven. Y es entonces cuando Vivienda, a través del Tesoro, da orden al Banco de España para el ingreso delos 210 euros.

En todo caso, estos filtros y controles no inciden de forma negativa en la percepción de la ayuda por parte del joven, ya que cobra la prestación con efectos retroactivos.

La Renta Básica de Emancipación entró en vigor el 1 de enero de 2008. Es una ayuda directa de 210 euros mensuales que se percibirán por el joven durante un plazo máximo de 4 años. También incluye un préstamo de 600 euros para la fianza del alquiler y un pago más de 120 euros para el coste financiero del aval.

Está destinada a jóvenes de entre 22 y 30 años que tengan una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos al año y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual.

Para Vivienda, estos datos demuestran que la aplicación de la prestación "se ha convertido en una potente herramienta política para conseguir que España deje de ser el país europeo con la edad de emancipación más tardía (en torno a los 30 años)".